En el área 323 colaboraron miembros del Ejército, la Federal, la provincial, Gendarmería
El secuestro de Dominga Alvarez de Scurta respondió a "un plan sistemático" del terrorismo de Estado, afirmó hoy el abogado de los hijos de la víctima, Ariel
Ruarte, tras una nueva audiencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura. "Los secuestros, torturas y desapariciones (de las siete víctimas comprendidas en este juicio) no fueron hechos aislados, sino que obedecieron a un plan sistemático" ejecutado por "un aparato aceitado que actuó en forma sistemática", subrayó.
"Ha quedado demostrado también en Jujuy que hubo una estudiada relación entre fuerzas de seguridad provinciales y el Ejército", en la represiva "Area 323, que tenía como jefe al coronel Néstor Bulacio", dijo el abogado que representa a la querella de los hijos de Dominga, una de las siete víctimas en este juicio.
Ruarte subrayó además que seis de los ahora imputados fueron nombrados por testigos en el primer juicio de lesa humanidad que concluyó en mayo último en Jujuy.
Videos con estos testimonios fueron reproducidos en la audiencia de hoy para ganar tiempo pero, sobre todo, "para evitar la revictimización de los testigos", quienes más adelante podrán responder "preguntas concretas", explicó.
Uno de los videos exhibidos en esta audiencia correspondió a las declaraciones de Ramón Bueno, prisionero político de la dictadura y, en esa época, dirigente del Sindicato del ingenio azucarero Ledesma, empresa perteneciente a la familia Blaquier. El testimonio de Bueno aludió a la detención y posterior desaparición del médico Luis Aredez, exjefe comunal de Libertador San Martín, la localidad jujeña donde se encuentran la planta principal de Ledesma y "La Rosadita", residencia de los Blaquier.
También fueron reproducidos en video los testimonios del médico, asesor del mismo Sindicato y ex preso político Carlos Cardozo, recientemente fallecido, y del sacerdote Juan Bosco Mecchia, quien implicó en hechos represivos al obispo José Miguel Medina.
Los imputados en este segundo juicio por secuestros, torturas y homicidios son Antonio Orlando Vargas, exoficial de Ejército, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio; el suboficial de la misma fuerza César Darío Díaz y los guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate.
Con excepción de Vargas, que se encuentra en el Penal de Ezeiza, el resto de los imputados estuvo en la sala en esta audiencia.
Además de Dominga Alvarez de Scurta, las víctimas en este segundo juicio son Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.
El Tribunal Oral Federal (TOF) resolvió que este jueves y el miércoles de la semana próxima prosiga la exhibición de videos con declaraciones de testigos.El jueves 21, realizará inspecciones oculares en la Jefatura de Policía y la cárcel de Gorriti, entre otras reparticiones que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura.
El secuestro de Dominga Alvarez de Scurta respondió a "un plan sistemático" del terrorismo de Estado, afirmó hoy el abogado de los hijos de la víctima, Ariel
Ruarte, tras una nueva audiencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura. "Los secuestros, torturas y desapariciones (de las siete víctimas comprendidas en este juicio) no fueron hechos aislados, sino que obedecieron a un plan sistemático" ejecutado por "un aparato aceitado que actuó en forma sistemática", subrayó.
"Ha quedado demostrado también en Jujuy que hubo una estudiada relación entre fuerzas de seguridad provinciales y el Ejército", en la represiva "Area 323, que tenía como jefe al coronel Néstor Bulacio", dijo el abogado que representa a la querella de los hijos de Dominga, una de las siete víctimas en este juicio.
Ruarte subrayó además que seis de los ahora imputados fueron nombrados por testigos en el primer juicio de lesa humanidad que concluyó en mayo último en Jujuy.
Videos con estos testimonios fueron reproducidos en la audiencia de hoy para ganar tiempo pero, sobre todo, "para evitar la revictimización de los testigos", quienes más adelante podrán responder "preguntas concretas", explicó.
Uno de los videos exhibidos en esta audiencia correspondió a las declaraciones de Ramón Bueno, prisionero político de la dictadura y, en esa época, dirigente del Sindicato del ingenio azucarero Ledesma, empresa perteneciente a la familia Blaquier. El testimonio de Bueno aludió a la detención y posterior desaparición del médico Luis Aredez, exjefe comunal de Libertador San Martín, la localidad jujeña donde se encuentran la planta principal de Ledesma y "La Rosadita", residencia de los Blaquier.
También fueron reproducidos en video los testimonios del médico, asesor del mismo Sindicato y ex preso político Carlos Cardozo, recientemente fallecido, y del sacerdote Juan Bosco Mecchia, quien implicó en hechos represivos al obispo José Miguel Medina.
Los imputados en este segundo juicio por secuestros, torturas y homicidios son Antonio Orlando Vargas, exoficial de Ejército, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio; el suboficial de la misma fuerza César Darío Díaz y los guardiacárceles Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate.
Con excepción de Vargas, que se encuentra en el Penal de Ezeiza, el resto de los imputados estuvo en la sala en esta audiencia.
Además de Dominga Alvarez de Scurta, las víctimas en este segundo juicio son Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.
El Tribunal Oral Federal (TOF) resolvió que este jueves y el miércoles de la semana próxima prosiga la exhibición de videos con declaraciones de testigos.El jueves 21, realizará inspecciones oculares en la Jefatura de Policía y la cárcel de Gorriti, entre otras reparticiones que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura.
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